Indudablemente, debido a su esencia, o sea la naturaleza propia y la razón de ser, o sea la de propender por el bien común, es el Estado el principal contratante de la ejecución de las obras de infraestructura, y, al mismo tiempo, el mayor comprador de bienes y servicios para garantizar su propio funcionamiento y atender así las necesidades de los ciudadanos.
Eso dicho, en pocas palabras. Pero, en la realidad ¿Qué es lo que sucede, para obtener la meta consistente en la presupuesta actuación ejecución y funcionamiento de los organismos estatales a la luz de la obtención de dichos objetivos?
Sucede que: al vaivén de las diversas ideologías y talantes, inmersos en ideologías politiqueras, propios de quienes ocupan eventualmente las administraciones, se recurre a infinidad de artimañas, trampas y añagazas con el único fin de burlar la ley y, así, desatender las obligaciones conducentes al bienestar general.
En un país tan prolífico en la elaboración de toda clase de estudios inútiles, como es Colombia, sería muy útil e interesante se hiciera otro estudio relacionado con la aplicación durante los últimos 30 años (una generación) de vigencia de la Ley No. 80 de 1993, con su decreto reglamentario 2251 de 1993 y todas sus modificaciones e interpretaciones.
Es que, como se ha dicho, según los gobernantes de turno, cuando más o cuando menos, se ha caído en un exceso de convenios interadministrativos y de concursos y licitaciones que resultan ser dirigidas a favorecer a un solo proponente y/o alguien afín a la correspondiente administración, gracias a términos de referencia, criterios y condiciones de aceptación, claramente acomodados.
La consecuencia clara es que con el concurso de la inoperancia de los entes de control, y las limitaciones propias de los gremios y las asociaciones profesionales, se ha llegado a una particular aplicación de los conceptos relacionados con la “conveniencia”, resultando en infinidad de “monumentos” a la corrupción denominados como “Los elefantes blancos”.
También, sucede que muchas veces una nueva administración pretende “borrar con el codo” lo que la administración anterior “ha dejado escrito”, o sea lo ejecutado o en ejecución. Esta circunstancia, es muy característica cuando, en materia de ideología política, ambas administraciones no son afines, o sea, de la misma corriente política, exacerbándose cuando “los que llegan” son extremistas, como parece estar sucediendo actualmente a nivel nacional.
Para refrendar los asertos, se recuerdan dos situaciones relacionadas con el desarrollo de obras de infraestructura de crucial actualidad.
El primer caso, tiene que ver mucho con la situación de penuria y necesidad proverbial que se vive en la Guajira. Desgraciadamente una de las causas fundamentales es la corrupción. Sin embargo, en vista de las carencias vigentes en cuanto a los servicios públicos, se ha pretendido solucionar, conjuntamente con la costa atlántica, el problema de suministro de energía mediante la “inundación” de paneles solares, sin el suficiente sustento técnico razonable. Simultáneamente, se ignora, pese a sentencia del concejo de estado que obliga a su culminación, la realidad del embalse del río Rancherías, quizás, porque su origen está en una administración nacional anterior de ideología diferente. Se trata de un proyecto multimodal con el cual se lograría no solo el suministro de agua potable y de irrigación, sino que también el suministro de energía para una parte de la población y, al mismo tiempo, pero también de gran importancia, el efecto de regulación del río.
La otra situación tiene que ver con el recorte de fondos, que se está estableciendo para la culminación de proyectos NACIONALES que se encuentran adelantados en un muy alto porcentaje, como son las vías denominadas 4G. Específicamente las que pasan por el departamento de Antioquia.
Existe la percepción general de que: indudablemente, esta situación, se debe a que en la actualidad las ideologías políticas regionales no son afines a las nacionales. Desafiando entonces los criterios que demandan los principios de la eficiencia y la eficacia, se pretende “castigar” a la región.
En general y para finalizar, es frecuente el hecho de que los llamados a propender por el bien general, se dejan llevar por la soberbia y el resentimiento, demostrando una falta absoluta de sindéresis y, apoyados por ideologías politiqueras externas, recuren, con la pasividad de los entes de control, a toda clase de intervenciones al margen de la ley, como el clientelismo y el nepotismo, para entorpecer el desarrollo de los proyectos de infraestructura necesario para el bienestar general.
