Medellín, 22 de marzo de 2024
La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos – SAI manifiesta públicamente su gran preocupación ante la expedición del Decreto 044 de 2024, el cual le da la posibilidad al Gobierno Nacional de declarar reservas de recursos naturales de manera rápida, en importantes porciones de territorio nacional, basada esta acción únicamente en información ya existente y de carácter preliminar. Con ello se está desconociendo por completo la Constitución Colombiana y se dejan de tener en cuenta las extensas reglamentaciones construidas durante décadas, en el sentido de la exigencia de rigurosidad técnica, social y económica como factores determinantes para la constitución de áreas protegidas en Colombia, garantizando construcciones colectivas en tal sentido.
La SAI teme que este Decreto, que desborda por completo la facultad reglamentaria que tiene el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para estos fines, esté concebido en buena parte como la facultad para paralizar la minería legal en el país. Tiene el efecto de bloquear económica y socialmente el desarrollo de todas las áreas donde se declaren las mencionadas reservas; toda vez que quedará prohibido otorgar cualquier permiso o concesiones para el uso y/o aprovechamiento de recursos naturales en las áreas objeto de declaración, independientemente del uso para el cual sean solicitados.
También preocupa enormemente que el Decreto emitido se haya saltado todas y cada una de las obligaciones de participación ciudadana que en materia ambiental son obligatorias. Por eso sorprende a la SAI que provenga de un Gobierno que promueve las banderas de la participación ciudadana, con el agravante que se infiere en el texto que el ordenamiento territorial quedará en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Gobierno Nacional, desconociendo por completo a los entes territoriales como alcaldías, gobernaciones, concejos municipales y asambleas departamentales; dándole un golpe mortal a cualquier proceso de autonomía regional y acentuando cada día más la asfixiante centralización que está viviendo el país.
Considera la SAI que esta es otra manifestación del extremismo ambientalista, en un país que ya tiene enormes porcentajes de su territorio como áreas de reserva de la Nación, de los departamentos y de los municipios, además de importantes áreas destinadas a reservas por parte de entidades privadas. Es desafortunado que estas zonas estén en la actualidad azotadas por grupos ilegales y criminales, que en ellas se restrinjan excesivamente las actividades turísticas, recreativas, culturales y forestales y de economía sostenible, por lo cual es poca la función que cumplen dentro de lo que deberían ser los parques nacionales, las áreas de reserva, las áreas de fauna y flora, debidamente aplicadas a la conservación y el desarrollo sostenible.
Recalca la SAI que con normas como las contenidas en el decreto, ninguna entidad que pretenda explotar recursos o abrir espacios para generar empleo y desarrollo en los extensos territorios que aún no son aprovechados para generar riqueza, se arriesgarían dichas entidades o instituciones a realizar una inversión en alguna porción del territorio nacional, teniendo en cuenta que de un día para otro, le pueden constituir una reserva natural en sus zonas de desarrollo e inversión, sin ninguna rigurosidad en esa potencial declaración.
Se hace desde la SAI un llamado respetuoso, pero urgente, al Honorable Consejo de Estado y a los Jueces de la República a que tomen las sabias decisiones requeridas sobre normas como esta, las cuales tendrán efectos devastadores en el desarrollo de las regiones del país.
Luis Oliverio Cárdenas Moreno – Presidente SAI
Junta Directiva – SAI
