Por: José Hilario López
La Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) acaba de presentar su informe RAR24, cuyo tema central es el financiamiento y la inversión para la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe (ALC), la segunda región mundial más propensa a la ocurrencia de desastres y afectaciones en términos de pérdidas económicas, los cuales están en aumento debido a causas hidrometeorológicas, relacionadas con el Cambio Climático (CC).
Los desastres, que en ALC son cada vez más frecuentes y devastadores, amenazan el desarrollo sostenible a nivel global. Es así como El 53 % de las pérdidas económicas mundiales por desastres ocurren en nuestra región, con 6 de los 10 países del mundo con mayores pérdidas económicas por desastres respecto al PIB.
Históricamente la inversión en la reducción del riesgo de desastres (RRD) ha probado ser efectiva para proteger los avances del desarrollo, habilitando recursos para cerrar brechas en la implementación de la Agenda ONU 2030. Sin embargo, el financiamiento para la RRD continúa siendo insuficiente. Esta baja inversión en prevención y resiliencia incrementa las vulnerabilidades y lleva a que muchos países, con grandes desafíos estructurales y estrechez fiscal estén en un estado de continua recuperación ante desastres. Al no invertir en la RRD, el mundo está financiando desastres futuros, dado que resiliencia y sostenibilidad van de la mano.
Según la UNDRR el 83% de los desastres en ALC son de origen climático y las perdidas anuales esperadas causadas por estos eventos ascienden a 58 millones de dólares. Los sectores de energía, infraestructura vial y telecomunicaciones son los más afectados por desastres en la región.
La inversión en gestión prospectiva y de gestión del riesgo en ALC durante 2024 representó menos del 1,85% del total de la asistencia oficial para el desarrollo, a su vez menos del 1% de la asistencia social para el desarrollo se destina al RRD. Los sistemas de alertas tempranas reducen el impacto económico de los desastres en un 30%, pero sólo el 13% de los pises de la región cuentan con sistemas de monitoreo.
La justicia climática
La justicia climática implica que la equidad y los derechos humanos ocupen un lugar central en la toma de decisiones, así como las acciones en materia de CC. Se trata de un concepto que se ha utilizado ampliamente para referirse a la desigual responsabilidad histórica que tienen los países y las comunidades con respecto a la crisis climática. Sugiere que los países, los distintos sectores y las empresas que se hayan enriquecido, gracias a actividades con altas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), tienen la responsabilidad de ayudar a quienes se ven perjudicados por los efectos del CC, en particular a los países y comunidades más vulnerables, que suelen ser quienes menos han contribuido a la crisis.
La justicia climática incluye múltiples manifestaciones y acciones. A continuación, un panorama general sobre algunas de ellas:
Desigualdades estructurales
Dadas las desigualdades estructurales basadas en diferencias de raza, etnia, género y situación socioeconómica, los efectos del CC pueden sentirse de manera inequitativa, incluso dentro de un mismo país. Los efectos del CC inciden con más gravedad sobre las mujeres, dado que tienen acceso a menos recursos para adaptarse y hacer frente a los cambios bruscos, lo mismo que las personas con discapacidades que tienen más probabilidades de sufrir los efectos adversos.
Desigualdades socioeconómicas
Los efectos del CC y los recursos necesarios para hacerle frente se distribuyen de forma desigual en todo el mundo. Los países de bajos ingresos y las poblaciones vulnerables dentro de los mismos son más proclives a sufrir las pérdidas y los daños derivados del clima. El 10% de los hogares con mayores ingresos per cápita a nivel mundial generan entre el 34% y el 45% de todas las emisiones domésticas de GEI, mientras que el 50% de los hogares más pobres generan entre el 13% y el 15%.
Desigualdad intergeneracional
Los niños y los jóvenes de hoy no han contribuido a la crisis climática de forma significativa, pero se verán gravemente perjudicados por los efectos del cambio climático, a medida que avancen en la vida. Puesto que sus derechos humanos se ven amenazados por las decisiones de generaciones pasadas, sus derechos deben asumir un lugar central en la toma de decisiones y en la adopción de medidas con relación al clima.
El financiamiento de la acción climática
El financiamiento de la acción climática ha sido el punto crucial de las negociaciones en las Conferencias de las Partes de la ONU (COPs) celebradas hasta el presente. Desde la COP15, celebrada en Copenhague en el año 2009, los países con economías desarrolladas se comprometieron a alcanzar el objetivo colectivo de movilizar 100 mil millones de dólares anuales para el año 2020, destinados a la acción por el clima en los países con economías en desarrollo. Este objetivo se formalizó en la COP16 de Cancún; en la COP21 de París en el 2015 se reiteró y amplió hasta el año 2025.
Para concluir me limitaré a trascribir apartes de mi libro “Cambio climático e impacto global. Un marco viable de transición energética para Colombia” (Fondo Editorial EIA, 2025. En prensa)
Tras dos semanas de intensas negociaciones en la reciente COP29 celebrada en noviembre de 2024, en Bakú, capital de Azerbaiyán, sólo se logró un acuerdo genérico para la lucha contra el CC, consistente en movilizar recursos públicos y privados por 1,3 billones millones de dólares para el año 2035, pero faltó precisar de dónde saldrían dichos dineros y la cuantía que deberán aportar los países desarrollados, para ayudar a los estados con menos recursos a enfrentar los desastres, en su mayor parte ocasionados por el desbordado consumismo de los países industrializados. A pesar del incremento sobre lo acordado en la COP28 de Dubái de 2023, la nueva suma que ahora se ha comprometido está muy por debajo de las urgencias reales que tienen los países más afectados por el CC.
La COP29 tampoco logró precisar un mensaje claro y contundente sobre la urgencia de reducir las emisiones de GEI y en especial sobre el abandono de los combustibles fósiles. La presión de los países petroleros, encabezados por Arabia Saudita, logró que en la COP29 nada se avanzara en este propósito. Esto a pesar de que, en la COP28 de Dubái en 2023 se había logrado, por primera vez en más de 30 años, una mención directa sobre la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles,
Por otro aspecto, el documento final de la COP29 ignora el vínculo entre los efectos del CC y las otras múltiples crisis, en especial la crisis humanitaria que sufren los países del tercer mundo, que están siendo gravemente afectados por la degradación ambiental, aumento de las hambrunas, enfermedades, desplazamientos poblacionales y pobreza multidimensional. Es por eso por lo que para los países más vulnerables es tan urgente el acceso a los fondos de mitigación y adaptación al CC.
El creciente número de fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el CC, tales como las sequías, las inundaciones y las olas de calor, afectan en especial las bases alimentarias de las poblaciones más pobres. Pese a ello, en lo relativo a la alimentación y la agricultura la COP29 no logró establecer ningún nuevo compromiso vinculante para una transformación, socialmente justa y sostenible de los sistemas alimentarios, que situé en el centro a los pequeños agricultores y el derecho a una alimentación adecuada.
Lo que si se debe reconocer es que, en la COP29, se lanzó la llamada Iniciativa Climática Armonía de Bakú, liderada por la presidencia de la conferencia con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), iniciativa que tiene la finalidad de catalizar y acelerar la transformación de la agricultura y de los sistemas alimentarios para 2030, en favor de las personas, el clima y la Naturaleza. Esta iniciativa se centra en la contribución de los agricultores a la mitigación y adaptación al CC, pero no incluye ni pasos ni compromisos concretos de cómo hacerlo. Por lo tanto, más allá de los documentos y discursos grandilocuentes, hay que tener claro que mientras las voces de las comunidades más afectadas no sean verdaderamente escuchadas e incluidas en las negociaciones sobre el clima, no se logrará una transformación real tan necesaria en este campo.
El CC no es un problema del futuro y de los países no desarrollados. Miremos, no más, la reciente catástrofe de la provincia de Valencia en España, arrasada por avenidas torrenciales (la denominada Dana) o a California en llamas por causa de los incendios forestales. Ningún país está a salvo, todos los estados, desarrollados y no desarrollados, deben ser conscientes que por sí solos no pueden encontrar las soluciones. Las amenazas climáticas deben enfrenarse, de manera urgente en el presente, porque afectan a los territorios más vulnerables en todo el mundo con sequías, incendios devastadores, con inundaciones cada vez más frecuentes, con huracanes cada vez más destructivos, con el deshielo de los polos y glaciares, con el consecuente aumento del nivel de los mares, con epidemias y pandemias, pero sobre todo por la pérdida de cosechas, causante de hambrunas.
En suma, la COP29 dejó pasar una gran oportunidad para comenzar a actuar en serio con transformaciones reales que eviten, o siquiera mitiguen, la anunciada catástrofe planetaria. Ante la poca efectividad de las COPs, sólo nos queda fortalecer los vínculos de cooperación de todos los comprometidos en acciones que mitiguen los impactos sobre los ecosistemas, empezando por la reducción del consumo de productos provenientes de procesos incompatibles con la preservación de los bienes naturales, en especial aquellos que para su producción demandan altos niveles de energía.
Amagá (Antioquia), 8 de febrero de 2025.
